Certificaciones energéticas: ¿decretazo, conciencia sostenible o negocio?

27 julio 2015

A un mes y escasos días del pistoletazo de salida de las Certificaciones Energéticas (1 de Junio), todos habremos sacado nuestras conclusiones al respecto y madurado nuestra opinión sobre la necesidad y la utilidad del decreto. Para los que todavía no lo conocen, el nuevo Decreto obliga a todos los inmuebles que se vayan a alquilar o vender a partir del 1 de junio, a obtener un Certificado Energético que calificará con una letra (de la A a la G), el nivel de eficiencia energética del inmueble objeto de transmisión.

Ahora bien, ¿qué trasfondo político-social tiene este certificado?  ¿Quién será el beneficiado y quien el perjudicado de este Decreto?  Y sobre todo…  ¿Para que servirá?

Como en todo nuevo Decreto, y en especial, si éste obliga a realizar un desembolso  económico, hay defensores y detractores. Por razones obvias, éstos, coinciden con los beneficiados y perjudicados por el Decreto. El gran perjudicado de todo este juego, como la mayoría de las veces, es el usuario final, el propietario del inmueble, que se verá obligado por ley, a pagar otro trámite más para poder alquilar o vender su vivienda, debiendo desembolsar entre 150 i 200 € para obtener su certificado energético. Por otro lado, los grandes beneficiados serán los técnicos habilitados para realizar este trámite (Arquitectos,  Aparejadores e Ingenieros) y las inmobiliarias y administradoras de fincas que como intermediarias de servicios técnicos relacionados con los inmuebles, también sacarán tajada.

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Más del 85 % de las viviendas en este país son absolutamente ineficientes energéticamente. Hay quien piensa que este decreto servirá para concienciar a los propietarios y reducir ese porcentaje tan elevado de insostenibilidad. Mi opinión es que, al ser meramente informativo, sin tener obligación de realizar mejoras en el edificio para cumplir con un determinado nivel de eficiencia energética, los certificados se quedarán en un simple documento descriptivo que servirá para sacarnos los colores a Arquitectos y Constructores que durante años hemos estado construyendo sin pararnos a pensar en las consecuencias medioambientales de nuestras obras.

Ahora bien, esa inocencia y simplicidad con la que nos han vendido el certificado “no harán falta reformas, es solo informativo, no obligará a realizar mejoras…” tiene trampa…!  El decreto, bajo mi punto de vista, es un lobo con piel de cordero. En unos meses, en unos años, cuando la mayoría de los inmuebles estén certificados y calificados con una letra (de la A a la G), es cuando las administraciones actuarán. Todos desconocemos la forma de las actuaciones (si los inmuebles con nota G serán sancionados, si obligaran a cumplir un lindar de calificación, si bonificaran a las notas más altas…) pero sabemos con certeza que las habrá.

 

Si esas actuaciones sirven para mejorar la eficiencia y la calidad constructiva de nuestro parque inmobiliario, ¡chapó!  Sin embargo, el éxito de esas actuaciones debería ir de la mano de subvenciones al particular y a las comunidades de vecinos. Sin esto, la futura obligatoriedad de mejorar la eficiencia energética no tiene sentido.

Como conclusión, pienso que la intención del Decreto es buena, pero que hemos dado un pequeñísimo paso en materia de eficiencia energética en este país, cuando podríamos haber dado un paso de gigante, marcando un lindar mínimo de eficiencia y subvencionando las mejoras y reformas para cumplir ese lindar.

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